La Ley de Igualdad en España responde a un llamado histórico y emocional por la justicia y la equidad. La Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, instando a los poderes públicos a promover condiciones para una igualdad real y efectiva. Esta ley refleja un principio jurídico universal, reconocido en diversos textos internacionales, destacando la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y es coherente con los avances mundiales en igualdad de género.

La Unión Europea, desde el Tratado de Ámsterdam, subraya la igualdad de género como un principio fundamental, integrándolo en todas sus políticas y acciones. Sin embargo, a pesar del reconocimiento formal de la igualdad ante la ley, la realidad ha demostrado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, y la menor representación de las mujeres en esferas de poder son algunos de los problemas que subrayan la necesidad de una igualdad efectiva.

La Ley de Igualdad busca combatir todas las formas de discriminación, tanto directas como indirectas, por razón de sexo, promoviendo una igualdad real y removiendo obstáculos y estereotipos sociales. Se da especial consideración a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como minorías, migrantes y mujeres con discapacidad.

La novedad de esta ley reside en la prevención de conductas discriminatorias y en la implementación de políticas activas para garantizar la igualdad. Abarca una amplia gama de políticas públicas, estableciendo criterios de igualdad y perspectiva de género en educación, salud, cultura, desarrollo rural, vivienda y más.

En resumen, la Ley de Igualdad es un emotivo y necesario paso hacia un futuro donde la igualdad de género no sea solo un ideal, sino una realidad palpable y justa, reflejando un compromiso social y legal con la dignidad y el respeto hacia todas las personas.